La ley española de desahucios es abusiva

Así lo ha decretado el Tribunal de Justicia de Europa. Considera abusivo e ilegal que se obligue a las familias que no pueden pagar una hipoteca a irse a la calle y que tengan que seguir pagando la deuda restante. Entiende que se vulneran así los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria y se limita de forma grave las posibilidades de defensa del ejecutado.

Esta sentencia se motivó a partir del desahucio en enero de 2011 de un vecino de Martorell. El juez del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona encargado del caso, José María Fernández Seijo, elevó una consulta prejudicial al Tribunal de Luxemburgo para dilucidar si la ley española contradice los derechos de los consumidores según la normativa de la Unión Europea. La respuesta ha sido tajante.

Con anterioridad, el Tribunal Constitucional español había rechazado estudiar una cuestión de un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban los derechos de los ciudadanos. Legalmente, esta decisión no obligaría ahora al Gobierno español a cambiar la ley, pero el ministro de Justicia ya ha anunciado que la nueva ley sobre desahucios que estos días se está tramitando en el Congreso asumirá las conclusiones del Tribunal de Luxemburgo.

Esta ley partió de una iniciativa legislativa popular respaldada por un millón y medio de firmas, y en ella se pedía que se paralizaran los desahucios, que los afectados pudieran devolver sus pisos al banco sin tener que afrontar el pago de la deuda pendiente, y quedarse a vivir a cambio de un alquiler social. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organización que presentó esta iniciativa, y el grupo Stop Desahucios, entre otros colectivos sociales, ya han celebrado esta sentencia del tribunal europeo.

Las directrices marcadas desde la Unión Europea, unidas a la presión de la sociedad, sensibilizada con el drama de los desahucios, motivarán una profunda reforma de la ley hipotecaria. Sin embargo, el Gobierno ya se ha negado a regularizar la reclamada dación en pago, una de las exigencias básicas que se le exigían. La situación finaciera aún delicada por la que atraviesa la banca española, que podría encontrarse con una avalancha de viviendas en un momento en el que lo que requiere es liquidez, no parece ayudar a que primen las necesidades de una población azotada por el desempleo y las deudas.

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