No ven, no oyen y hablan a destiempo

Que la clase política española, y europea en general, lleva tiempo gobernando de espaldas a los ciudadanos está fuera de toda discusión. Han establecido un sistema que condiciona la toma de decisiones a la respuesta de los mercados. Si para eso tenemos que basar la economía en modelos económicos insostenibles, rebajar el nivel adquisitivo de la población, reducir derechos sociales e hipotecar el futuro de las próximas generaciones, se hace y punto. Las reformas del recorte y la austeridad son necesarias, aseguran. ¿Pero la austeridad de quién?

Protesta del colectivo contra los desahucios PAH Girona (Photo credit: luzzatti)

Cansados estamos de que a diario aparezcan nuevos escándalos de corrupción, cuentas multimillonarias en paraísos fiscales con capital esquimado al erario público, y de tramas que operaban durante años con total impunidad y connivencia con los poderes públicos; de que los partidos políticos sean un pozo de opacidad, dinero negro y fraude, y de que nunca se restituya lo robado.

Ahora, a la vista de las decisiones del Eurogrupo para afrontar los rescates a los países en dificultades financieras, vemos que los costes del abuso, la estafa y la mala gestión los pagaremos los ciudadanos. A través de recortes sociales o de nuevos impuestos, pero los pagaremos. Y, claro, nuestros magníficos gobernantes pretenderán que lo aceptemos sin rechistar.

Según la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quienes protestan por las ejecuciones hipotecarias, declaradas ilegales por el Tribunal Europeo, son «proetarras«. Es una bonita cortina de humo para desviar la atención de la verdadera cuestión, pero el problema es que en este momento ya no cuela. Mentar a ETA cada vez que algo no gusta no es la solución. Si repasaran las encuestas verían que la banda terrorista ya no le importa a casi nadie. La mayoría estamos más preocupados por no quedarnos en la calle.

No será democrático protestar en la puerta del Congreso, ni perseguir a los políticos por la calle, pero tampoco parece  serlo cobrar dietas por alojamiento cuando se declara poseer viviendas en el lugar de trabajo, percibir varios sueldos de las administraciones públicas, aceptar regalos de particulares que negocian con las administraciones públicas, o convertir la política en un medio de vida, de forma que haya que amasar fortuna a costa de lo que sea porque nunca se sabe lo que puede durar.

En un país donde la segunda causa de preocupación es la corrupción y el fraude, y la cuarta los políticos y los partidos; y donde la mayor parte de la población considera que la situación política actual es muy mala, peor que la de hace un año, pero que aún empeorará en el futuro, parece claro que los profesionales del poder deberían plantearse si el camino emprendido es el bueno.

La laxitud con defraudadores y desfalcadores, y la severidad con los ciudadanos arruinados por el sistema no lleva más que a sostener el estatus quo de unos pocos y al descontento de la mayoría. Mientras no lo entiendan seguirá el conflicto. Y si la situación actual se mantiene, cada vez será peor. Así ha ocurrido siempre a lo largo de la historia y ahora no va a ser distinto. Lo demás es marear la perdiz.