Apagón televisivo en Grecia

El Gobierno griego ha decidido echar el cierre a la empresa de radiotelevisión pública (ERT). De forma fulminante, inmediata y mediante decreto legislativo, cesaba las emisiones de sus tres canales de televisión nacional, del internacional y de sus emisiones radiofónicas. Según la troika, sobraban 2.000 funcionarios para este verano y el ejecutivo heleno ha decidido amputarlos del medio estatal. El cierre será, en principio, por tres meses en los que se acometerá una labor de reestructuración para adaptar las tareas a una plantilla de no más de 7oo profesionales.

Empleados de la Radiotelevisión Griega (ERT) encerrados en los estudios.

Después de 75 años, Grecia amanece por primera vez hoy sin el sonido del que hace no tanto fue su principal medio de comunicación, y se convierte así en el primer país de la Unión Europea que se queda sin su televisión pública. La corrupción y el desgobierno del organismo -que según el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, supone “un caso único de opacidad y despilfarro inconcebible”-, el tamaño de la plantilla, el alto presupuesto y que las cadenas privadas le hayan relegado a un 13,4% medio de share, son las causas que alude el ejecutivo para tomar esta drástica decisión.

Habrá para quien este cierre sea el recorte necesario de un gasto inútil. Aún dando por cierto el dato del Gobierno heleno de que el órgano de información supone un coste de unos 300 millones de euros al año, que los ciudadanos pagan a través del recibo de electricidad, esta cifra está muy lejos de los 120.000 millones de euros que se afirma que han salido del país mediterráneo hacia los bancos suizos en la última década. Y ahí está precisamente donde está la clave de la situación que ahora atraviesa aquel país.

Y ahora… ¿hacemos lo mismo en España?

Estudios centrales de Radio Televisión Española.

Si se extrapola a España, RTVE también cuenta con un alto presupuesto, financiado ya exclusivamente con fondos públicos. Un lujo, para muchos, supérfluo en tiempos de crisis y susceptible de merecer una reforma. Y seguramente con los mismos argumentos que en el caso griego. En un país que también ha sufrido una sangría de evasión de fondos a paraísos fiscales, el coste del medio público se considerará excesivo, la plantilla no será lo suficientemente ajustada e imparcial que debiera, y la audiencia no alcanzará las cotas deseables.

Sin embargo, cabría plantearse si un severo ajuste de su presupuesto conseguiría hacer salir al país de la crisis, si un posible recorte de la plantilla se haría en función de criterios profesionales y no partidistas, y si el nivel intelectual de la población no se resentiría aún más si se deja a merced de los contenidos tan rentables, pero sensacionalistas hasta la repugnancia, de las cadenas privadas. Obviando que, informativamente, éstas también deben responder a los intereses tendenciosos de las empresas a las que pertenecen.

Por otra parte, no estaría de más preguntarse si la información es un bien tan prescindible como ahora se nos quiere hacer ver. Claro que cualquiera prefiere privarse de un rato de tele antes que renunciar a un medicamento que le cure una enfermedad, pero la información en el siglo XIX para un ciudadano europeo es un bien tan básico como cualquier otro. Supone un derecho, pero también un deber, el de defenderla, porque es poder. Poder para conocer la realidad, analizarla, exigir que se cambie lo que se deba cambiar y mejorar las cosas. Si renunciamos a eso, renunciamos a todo.

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